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'Muchas madres han muerto esperando que Corte falle a nuestro favor'

Madres comunitarias se pronuncian sobre fallo que ordena pago solo de aportes a pensión.

Con la ley que el Congreso aprobó se pretendía que las madres tuvieran también derecho a salud, pensión y accedieran a procesos de formación educativa.

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Archivo / EL TIEMPO

Al estudiar una solicitud del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que se anulara una decisión que ordenó reconocerles beneficios laborales a 106 madres comunitarias, el alto tribunal le ordenó al Instituto que les pague los aportes a pensión, pero dijo que no tienen derecho a las prestaciones sociales y al salario. 

Así, la Corte anuló parcialmente un fallo que ese mismo alto tribunal había emitido en noviembre pasado y en el que además de los aportes a pensión, también se les había reconocido derechos salariales y prestaciones. 

Esta vez la mayoría de los magistrados afirmaron que la misma jurisprudencia de la Corte ha reconocido que el salario y las prestaciones no aplican para esa relación laboral, por lo que sólo mantuvo la obligación del ICBF de pagar los subsidios para pensión. 

"La Corte Constitucional decidió declarar la nulidad parcial de la sentencia por considerar que la misma contrariaba la jurisprudencia constitucional aplicable. De acuerdo con la legislación aplicable cabía esa protección en materia de pensión, pero no sobre la base que había dado la sentencia que implicaba y comprendía también prestaciones y salarios", explicó el magistrado Luis Guillermo Guerrero, presidente de la Corte Constitucional. 

Otro punto importante es que la Corte aclara que el fallo sólo beneficia a las 106 mujeres que presentaron la tutela y no a todas las madres comunitarias del país, que son más de 80.0000. 

"Esta decisión comprende a estas madres tutelantes. Se ordena que esos aportes a pensión se hagan en los términos de la legislación aplicable a las madres que interpusieron la tutela", dijo Guerrero. 

Precisamente el principalmente argumento del ICBF para pedir que se anulara la sentencia es que afectaba la sostenibilidad fiscal del Instituto, pues la anterior sentencia reconocía todos los derechos salariales, de pensión y prestaciones, y además podía abrir un boquete para que esos derechos fueran reclamados por todas las madres comunitarias. 

La pelea de las madres comunitarias ha pasado por tres momentos en la Corte Constitucional. Aunque cuando fue tomada por primera vez la decisión favorecía a todas las madres comunitarias que estuvieran en la misma situación, finalmente el fallo de noviembre, con las firmas de los magistrados, moduló sus efectos y sostuvo que solo aplicará para aquellas que habían interpuesto tutelas para exigir ese derecho.

Pero aunque la sentencia que fue anulada se había limitado a las 106 mujeres, dejó un boquete para que fueran reconocidas todas las madres comunitarias que cumplen estas funciones, por lo cual el ICBF insistió en que la sentencia traerá graves efectos económicos para el instituto, pagos que había tasado en 16 billones de pesos. 

El alto tribunal había exhortado en el primer fallo que fue parcialmente anulado a que el ICBF, de manera gradual y progresiva, “promueva e implemente medidas idóneas y eficientes, con las cuales se obtenga, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, la efectividad de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, como garantías de todas las personas que desempeñaron la labor de madre o padre comunitario”.

Ahora con la nulidad parcial del fallo la Corte deja claro que su sentencia sólo beneficiará a las 106 madres comunitarias que presentaron la tutela, y únicamente con el derecho de aporte a pensión. 

Blanca Ligia Navas tiene 56 años y ha dedicado los últimos 23 a ser madre comunitaria.

Asegura que estas trabajadoras quedaron muy mal con la decisión de la Corte Constitucional. “Estamos muy aburridas porque después de 30 años de servirle a la comunidad y de hacer el trabajo más importante del Estado, que es cuidar y enseñar a los niños de 0 5 a años, la Corte nos quitó la oportunidad de retirarnos dignamente”, señaló Navas.

“Después de los 70 años viene la vejez, la enfermedad, y la muerte, y pensar que nos toca seguir trabajando. Imagínese”, reitera la mujer, quien durante varios años lideró la Asociación Protectora del Niño Colombiano.

Navas, quien trabaja en el hogar Gotas de cristal, en la localidad de Ciudad Bolívar (sur de Bogotá), agrega que además de la desilusión, las madres comunitarias se encuentran en un momento de incertidumbre, pues no saben qué va a pasar con ellas.

“No hemos pensado qué va a pasar -continúa- porque para conseguir un abogado es muy costoso; teníamos la esperanza de que este fallo fuera a favor de nosotros. Ahora estamos esperando que nos ayude un abogado gratis, porque los del sindicato nos cobraban 15 por ciento por si ganábamos el fallo. Esto nos tiene con la moral en los pies”, agregó la mujer.

Y puntualizó: “Ya estamos muy viejas y cansadas; muchas madres se han muerto esperando que la Corte fallara a nuestro favor”, apunta.

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