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Alerta por demanda contra efectos de sanciones fiscales

Se busca que aun si el sancionado no paga, pueda contratar con el Estado y volver a cargos públicos.

Una nueva demanda en la Corte Constitucional tiene en alerta a la Contraloría General porque podría disminuir aún más las herramientas de ese organismo para combatir casos de corrupción, prevenir pérdida de dineros públicos y lograr el resarcimiento de los daños al patrimonio del Estado.

Se trata de una demanda del abogado Dagoberto Quiroga Collazos, admitida el 17 de mayo por la Corte Constitucional para estudio. Quiroga pide tumbar dos artículos de la Ley 734 del 2002 y otro artículo de la Ley 610 del 2000, que establecieron como inhabilidad para ejercer cargos públicos haber sido declarado responsable fiscalmente.

Las normas de la ley del 2002 determinan que quien haya sido condenado por la Contraloría estará inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos. Esa inhabilidad cesa cuando la Contraloría recibe el pago del dinero del detrimento y saque al responsable del boletín de responsables fiscales. Y si se cumplen los 5 años y la persona condenada no ha pagado la suma que debe, su inhabilidad continuará hasta por 5 años más si el dinero del detrimento es superior a 100 salarios mínimos mensuales vigentes.

De otro lado, la ley del 2000 establece que los representantes legales, nominadores o funcionarios competentes que firmen un contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables fiscales incurrirían en causal de mala conducta.

Según Quiroga, esas normas van en contra del derecho a elegir y ser elegido y desempeñar cargos públicos, pues, a su juicio, las restricciones para asumir estos cargos solo se podrían dar con una sanción de tipo penal y disciplinaria. El caso quedó para estudio en el despacho de la magistrada Gloria Ortiz, quien deberá elaborar una ponencia.

Para el contralor general, Edgardo Maya Villazón, este tipo de demandas pretenden convertir “en un rey de burlas a la Contraloría”. Dice que si la demanda llegara a prosperar, “se abriría paso a la impunidad absoluta en materia fiscal”.

Por otro lado, el proyecto de ley de reforma política que se tramita en el Congreso a partir del proceso de paz buscaría añadirle al artículo 40 de la Constitución que las limitaciones de los derechos políticos por sanciones que no sean judiciales producirán efectos solo si son confirmadas por el Consejo de Estado.

Si la demanda de Quiroga es aceptada por la Corte y si el proyecto de ley termina su trámite, un funcionario, a pesar de tener pendiente el pago de una sanción fiscal, podría aspirar a un cargo público. Es lo que pasaría, por ejemplo, con el exalcalde Gustavo Petro, quien tiene una sanción por más de 200.000 millones de pesos.

También podría beneficiarse un funcionario como el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus si la Contraloría llegara a condenarlo en un fallo fiscal. Podría seguir contratando con el Estado porque no hay sanciones penales ni disciplinarias en su contra.

La Contraloría recordó que en el 2015, la Corte Constitucional le quitó el control de advertencia, el cual le había permitido impedir daños al patrimonio del Estado. Dice que otra medida que lleva a evadir los fallos con responsabilidad fiscal es la que permite la liquidación de empresas. Fue lo que pasó con Conalvías.

La reorganización empresarial llevó a que la Súper ordenara levantar los embargos y dejó por fuera a la Contraloría como acreedor.

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