Sector Financiero

Corte de cuentas al plan de austeridad con el gasto público

Ciudadanos tuvieron que frenar el consumo por más impuestos. ¿Cómo va el Gobierno?

Muchos colombianos sienten que pusieron lo suyo con el apretón del cinturón que promovió el incremento del IVA en la reforma tributaria, restringiendo el consumo.

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Leonardo Muñoz / EFE

El gasto público en las áreas en las que se puede recortar en época de vacas flacas sigue siendo preocupación de algunos expertos, pues, pese al plan de austeridad inteligente anunciado por el Gobierno, hay posiciones que cuestionan ciertos incrementos.

Inclusive, en la ley de adición presupuestal que concluyó su trámite en el Congreso el pasado miércoles, los gastos generales y de nómina se fueron abultando entre un debate y otro. Al final, aumentaron en 2,2 billones de pesos frente al 2016, lo que equivale a un incremento de 8 por ciento.

En consecuencia, en un contexto de menor ritmo de la economía, como el actual, muchos colombianos sienten que pusieron lo suyo con el apretón del cinturón que promovió el incremento del IVA en la reforma tributaria, restringiendo el consumo, y esperarían que el Gobierno, por su lado, también tuviera sus ajustes.

Pero en los cambios hechos al proyecto de adición presupuestal hay aumentos en dos gastos: de personal y general, que son parte del paquete de gastos subrayados en el plan de austeridad como restringidos.

Precisamente, cuando se propuso el Presupuesto General del 2017, el Ministerio de Hacienda destacó que continuaba la austeridad: “Se recortan gastos generales en 150 entidades que forman parte del Presupuesto General; se recortan servicios personales indirectos (contratos de prestación de servicios)”, entre otros.

Al final, el costo de la nómina estatal pasó de 26 billones en el 2016 a 27,7 billones en el 2017, inicialmente, según la ley de Presupuesto aprobada el año pasado, aumento que alcanza a estar por encima de la inflación.

Pero con la adición presupuestal de ahora, tramitada para distribuir los recursos generados con la reforma tributaria, en el primer debate en el Congreso, dicho gasto pasó a 28,1 billones de pesos para quedar finalmente en 28,2 billones.

Las directrices de austeridad emanadas de la Presidencia indicaron desde el 2015 que las entidades deben reducir contratos de publicidad y propaganda (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, etc.), y evitar contratar para hacer mejoras suntuarias (embellecimiento, ornamentación o instalación de acabados estéticos). Tampoco se puede cambiar de sedes o comprar vehículos ni hacer recepciones y agasajos con cargo al Tesoro Público, mucho menos gastar en tiquetes aéreos de primera clase ni excesos en telefonía, entre otras.

Si bien, según las cifras del Ministerio de Hacienda, en el contexto de la austeridad inteligente se hizo un ajuste fiscal de 3,9 por ciento del producto interno bruto (PIB), entre el 2013 y el 2016, reacomodando gastos, para Mario Valencia, integrante de la Red de Justicia Tributaria, “no se puede hablar de austeridad inteligente en el presupuesto cuando el gasto es ineficiente y el recaudo regresivo”.

Según sus cálculos, “en el 2016, el presupuesto se redujo 5,5 billones de pesos, pero en el 2017 aumentó en 14 billones de pesos, más la anunciada adición por 8,5 billones de pesos. Es decir, lo que se recortó en un año se multiplicó por 4 en el siguiente, en vísperas de elecciones”. Desde su perspectiva, la sensación es que veníamos bien, pero de nuevo se aceleró el gasto innecesario.

Esto, porque en el 2016, cuando el Gobierno mostró los resultados de la austeridad del 2015, reportó un ahorro de 3,4 billones de pesos. Es así como, según el reporte de Minhacienda, la meta de reducción de gastos en publicaciones, viáticos, pago de horas extras, combustible, telefonía, transporte aéreo y terrestre, entre otros, era de 120.000 millones y la cifra real fue de 190.000 millones de pesos, sobrepasando así lo esperado.

Sin embargo, frente a los gastos puntuales que debían frenarse, los estimativos del senador Iván Duque señalan que “el Gobierno ha gastado 1 billón de pesos por año en publicidad y eventos desde el 2010, es decir, 7 billones de pesos, y ha creado más de 18.000 cargos adicionales en el Gobierno central en los siete años”.

Precisamente, el propio Ministerio de Hacienda tiene un proyecto de decreto según el cual transforma su nómina para crear 55 cargos nuevos. Al respecto, la viceministra de Hacienda, Ximena Cadena, explicó que se trata de suprimir contratos de prestación de servicios para vincular el personal a la planta y cumplir así con la formalización laboral.

De las decisiones incluidas en la ley de adición presupuestal, Duque criticó también la capitalización de Coltel-Telefónica (fusión entre la antigua Telecom y la empresa española de telecomunicaciones), argumentando que se trata de un gasto ineficiente, pues “capitalizan Coltel que no es rentable y venden Isagén que sí lo es”.

Entre tanto, Cecilia López, directora del Centro de Pensamiento Social y Económico (Cisoe), justificó el incremento en los gastos de personal que no podían crecer según el plan de austeridad.

“A la oposición política que critica el tema económico no la entiende nadie. Piden que se reactive la economía, y no están de acuerdo con incrementar el gasto en personal, que es fundamental en estos momentos en los que se requiere expandir la demanda interna. El pago de salarios no se puede ver como gasto innecesario, sino como promotor de la producción para abastecer la demanda”.

Sobre el aumento en los gastos de personal en la adición presupuestal, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó que “suben en justicia y defensa, por el cumplimiento de acuerdos previos, pero se incrementan solo en 1 por ciento en los demás sectores”.

Por lo demás, el Gobierno dice que en este aspecto están ceñidos a la Ley 617 del 2000, que impide que los gastos de personal aumenten más allá de la inflación. Inclusive, según explicó Cárdenas, la Corte Constitucional falló sobre un decreto expedido en el marco del posconflicto, para ampliar la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el fin de proporcionar seguridad a los desmovilizados de la guerrilla, y lo tumbó.

MARTHA MORALES MANCHEGO
Redacción Economía y Negocios