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En Barrancabermeja rechazan fallo de la Corte sobre relleno sanitario

Señalan que se ignoraron pruebas que soportan la afectación del basurero, ubicado en área especial. 

Yerbabuena se encuentra ubicado en la vereda Patio Bonito, catalogada área especial de protección ambiental.

Foto:

Cortesía Corporación Yarigüies

Luego de más de dos años a la espera de que un fallo de la Corte Constitucional resolviera el futuro del basurero Yerbabuena, operado por la empresa Rediba S.A. E.S.P., y que está ubicado la vereda Patio Bonito, zona rural de Barrancabermeja (Santander), la respuesta del alto tribunal dejó un sinsabor en los habitantes del ‘puerto petrolero’, quienes acusan al botadero de basura de ocasionar graves afectaciones ambientales.

Defensores del medio ambiente y representantes de habitantes de la vereda, expresaron su desconcierto frente a la respuesta emitida por la Corte, pues esperaban que este veredicto determinara su cierre definitivo y le pusiera punto final a la operación del relleno, que contaminó las fuentes de agua que abastecían a las comunidades del sector.

Además de alegar su cierre por afectar con lixiviados las cuencas hídricas de Patio Bonito, que finalmente desembocan en la ciénaga San Silvestre, espejo de agua que surte a Barrancabermeja, se denunciaron las inconsistencias en el licenciamiento por parte de la Corporación Autónoma de Santander (CAS), autoridad ambiental del departamento, que avaló la construcción del basurero en esa zona establecida como Distrito Regional de Manejo Integrado. Es decir, un área de especial protección ambiental.

El fallo de esta entidad judicial, firmado por los magistrados Luis Guillermo Guerrero, Alejandro Linares y Antonio José Lizarazo, que se profirió tras la revisión de dos acciones de tutela interpuestas por representantes de la comunidad de la vereda Patio Bonito, apunta en tres direcciones. En primer lugar, ordenó a Rediba el cumplimiento puntual del plan de manejo ambiental y la superación de las irregularidades evidenciadas anteriormente por la CAS en su operación.

En segunda instancia, el decreto manda a que la Corporación Autónoma realice un seguimiento a las acciones de Rediba e investigue presuntas irregularidades en cuanto a la intervención ambiental de predios aledaños al relleno. Asimismo, le otorgó a esa entidad un plazo de seis meses para evaluar los impactos ambientales y sociales a raíz de la construcción y operación del botadero en esa zona.

Y en tercer lugar, la sentencia de la Corte concede a la Alcaldía de Barrancabermeja un periodo de seis meses para establecer un plan de contingencia en caso de ser necesario el cierre del basurero.

Para Leonardo Granados, abogado representante de la comunidad demandante, la Corte Constitucional omitió precedentes relacionados con el derecho al agua y a un ambiente sano para la subsistencia humana, además de ignorar un grueso de pruebas que soportan las afectaciones sufridas por esa población a raíz de la operación del Yerbabuena.

Ese suelo es para uso agropecuario y no para rellenos, y aún así, el Magistrado no ordena el cierre sino que da un fallo lapso

El jurista indicó que “todos los elementos están probados (…) ese suelo es para uso agropecuario y no para rellenos, y aún así, el Magistrado no ordena el cierre sino que da un fallo lapso. Primero, le ordena a Rediba que cumpla con sus obligaciones, y segundo le dice a la CAS que, si ve necesario, cierre el basurero, cuando todos sabemos que los actos de corrupción los cometió esa corporación. Eso es absurdo”.

Granados calificó la decisión de la Corte como "reprochable", pues la Alcaldía de Barrancabermeja no presentó las pruebas del monitoreo que se hizo en los vertimientos aledaños a Yerbabuena, donde se evidencia la presencia de metales en las fuentes de agua.

Por su parte, Yesid Blanco, activista ambiental de Barrancabermeja, aseveró que el fallo es “una argucia jurídica” que no evita que continúen los perjuicios en la zona ocasionados por el basurero.

“Quedamos sorprendidos porque no sabemos qué va a pasar. Asombra que ellos, habiendo comprobado todas las irregularidades, terminen delegando a la CAS, que entregó la licencia, para que vigile las obras de mitigación. Es decir, que si la corporación confirma que todo está bien, pues van a seguir ahí y eso es un riesgo”, dijo el ambientalista.

Finalmente, la Corte ordenó a la Alcaldía “continuar garantizando el acceso al agua para los residentes de la comunidad aledaña al relleno sanitario”, quienes con ocasión de la contaminación de sus fuentes de abastecimiento por el botadero de basura, reciben el agua necesaria para su sustento a través de carrotanques.

Entre tanto, el relleno de Rediba se mantiene en operación amparado en un decreto de emergencia sanitaria emitido por el anterior alcalde de Barrancabermeja, Elkin Bueno, el 17 de diciembre de 2015.

BUCARAMANGA