Corte Constitucional revisará tutela en el caso del grafitero

El caso del grafitero Diego Felipe Becerra llegó a la Corte Constitucional. Los magistrados aceptaron revisar una tutela instaurada por los padres del menor en la que le piden a la Procuraduría ser parte del proceso disciplinario en el que fueron absueltos dos coroneles y un teniente de la Policía por alterar la escena del crimen.

La Corte tomó esa decisión luego de que Gustavo Trejos y Liliana Lizarazo, padres del grafitero, recurrieron a ese recurso para exigir sus derechos al debido proceso y al acceso a la justicia violados, según ellos por el Ministerio Público, al no permitirles intervenir en el proceso como víctimas.

Los padres de Becerra –que falleció en agosto de 2011 en la calle 116 con avenida Boyacá, luego de haberle disparado el patrullero Wílmer Alarcón– consideran que por ser sus familiares la ley les permite ser parte en el caso.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá, que estudió el caso en primera instancia, rechazó sus peticiones.

Ante la decisión adversa, ellos llevaron la tutela hasta la Corte, que la seleccionó para su revisión, y el 12 de mayo notificó a las partes del inicio del trámite.

El caso fue asignado en sala de Selección de Tutela al magistrado Iván Humberto Escrucería, quien ordenó incluir como prueba en el expediente la decisión disciplinaria que libra de responsabilidad a los tres oficiales de la Policía.

Los padres del fallecido esperan que los avalen a ellos como víctimas. “Es el primer estamento que se toma la facultad de pedir todo el proceso y revisarlo, y esperamos que se den cuenta de todas las inconsistencias que hubo”, afirmó Gustavo Trejos, padrastro del menor. Y agregó que aportarán todo el material probatorio que, aseguran, “la Procuraduría desechó”.

El Ministerio Público abrió investigación, tres meses después de la muerte del menor, a los coroneles José Javier Vivas –que para la época era el subcomandante de la Policía de Bogotá–, a Nelson Arévalo –que era comandante en la localidad de Suba– y al teniente Rosemberg Madrid Orozco –comandante del CAI Andes, quien atendió el caso–; todos fueron absueltos en agosto del 2016.

Mientras que los otros procesados en el mismo caso –el subintendente Juan Carlos Leal y los patrulleros Nelson Rodríguez y Fredy Navarrete– fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 12 años.

JOSE DAVID RODRÍGUEZ

davrod@eltiempo.com