Bogotá

Corte Constitucional condiciona sanciones a vendedores ambulantes

Si estos hacen parte de grupos vulnerables, las sanciones pueden ser desproporcionadas, dice.

Antes de removerlos del espacio público, los vendedores ambulantes deben tener opciones labores.

Foto:

Felipe Motoa / Archivo EL TIEMPO

El artículo 140 del nuevo Código de Policía ampara la recuperación del espacio público y las sanciones a los vendedores ambulantes que ocupen las calles. Sin embargo, la sentencia C-211 del 2017, de la Corte Constitucional, acaba de señalar que para efectuar sanciones de ese tipo debe tenerse una valoración de las condiciones de los afectados.

Este ajuste constitucional ocurre tras las reiteradas demandas en contra del nuevo Código de Policía, y aunque las medidas establecidas en este son consideradas exequibles por la Corte, están condicionadas al momento de imponerse las multas.

“La norma señala que hay comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público y que quienes lo ocupan, por ejemplo con ventas ambulantes, estarían sujetos a sanciones; aunque la Corte declaró exequible el artículo 140 –que aborda el tema en mención–, condicionó su aplicación a que se examinen las condiciones especiales en las que se encuentran los vendedores ambulantes, si se trata de una población vulnerable o pertenecen a grupos de especial protección. Si no existe este tipo de verificación y no hay programas de reubicación, no se pueden quitar, ni multar ni decomisar la mercancía”, describe Kenner Burbano, director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre.

Para el experto, una de las fallas que tiene el Código de Policía es que implementa acciones sin que los alcaldes o concejos hayan valorado adecuadamente a los ambulantes.

“No hay claridad si son desplazados por la violencia, ancianos, madres o padres cabeza de familia, o si siempre se han dedicado a actividades comerciales. Hay un deber de solidaridad con este sector de la sociedad, ante fenómenos como el desempleo. Se debe ofrecer alternativas de trabajo formal y desarrollar una política seria de reubicación. Es obligatorio que las autoridades miren condiciones y los escuchen, para que una vez cumplido con lo ordenado por la Corte, se puedan aplicar las sanciones”, apuntó Burbano.

El tribunal dijo que cuando se esté frente a colectivos en condiciones de vulnerabilidad, la aplicación de la multa y el decomiso de bienes resultaría desproporcionado.

Según el Distrito, en Bogotá hay 50.304 vendedores ambulantes registrados. De estos, 10.218 han sido contabilizados desde el 2016. Desde ese año, se ofrecieron 3.797 vacantes para empleo, y solo 117 personas se vincularon.

BOGOTÁ