Santos, la paz y la reconciliación / Opinión

El reconocimiento en la reciente ley de víctimas de la existencia de un conflicto armado en Colombia trazó una línea divisoria entre dos visiones sobre la violencia armada.

Una que sostiene que lo que existe es una amenaza terrorista que debe ser conjurada con una mayor presencia militar hasta ganar la guerra y otra que defiende la presencia de un conflicto armado que involucra factores sociales y políticos, que aconsejan acompañar el despliegue militar con programas de inversión social y respeto de los derechos humanos que permitan crear las condiciones propicias a una posible salida política de la confrontación armada.

Este es el camino que ha escogido, en buena hora, el gobierno del presidente Santos y hay una positiva convergencia de factores que permiten pensar que va en la dirección correcta. Están, en primer lugar, los resultados de la política de seguridad democrática adelantada por el presidente Uribe en los últimos años -durante los cuales Santos fue su ministro de Defensa-, que crearon un equilibrio de fuerzas distinto al que existía 12 años antes en el Caguán y que debería motivar a las guerrillas a involucrarse en un nuevo proceso de paz por razones menos tácticas y más estratégicas.

También está el apoyo que podrían brindar a una nueva iniciativa de paz los gobiernos de Cuba, Venezuela y Ecuador, con los cuales el presidente Santos consiguió normalizar relaciones en los primeros dos años de su gobierno. Y las leyes sobre resarcimiento de víctimas y restitución de tierras, que, con el marco para la paz que le da vida constitucional a la justicia transicional que nos permitirá pasar del conflicto al postconflicto, pueden considerarse avances históricos en la tarea de crear un entorno normativo más favorable para la reconciliación nacional.

Las pasadas y frustrantes experiencias de paz y los enemigos que hoy están apareciendo desde la línea dura aconsejan que el proceso iniciado por el Presidente se maneje como una "paz rápida", basada en discreción, rapidez y eficacia.

Quedarían dos puntos por resolver. El primero tiene que ver con la necesidad de conseguir unos acuerdos mínimos con la insurgencia, previos a la negociación, para humanizar el conflicto aplicando las normas del Derecho Internacional Humanitario, que no se hicieron para acabar con las guerras sino para sacar a tiempo a la población civil de ellas.

Temas como el de los niños combatientes, la protección de hospitales y escuelas, el desminado de los campos, la protección del medio ambiente y la terminación definitiva de los secuestros no dan espera. Y está el de la participación de la sociedad civil, empezando por los medios de comunicación, que debe organizarse de una manera constructiva para que todos puedan aportar sin interferir e inclusive sin sabotear.

El escenario está servido para la reconciliación nacional: solo falta que las Farc entiendan que la lucha armada como forma de llegar al poder perdió su vigencia histórica y que el presidente Santos no escuche -al precio que sea en las encuestas- las voces de quienes pretenden devolverlo al escenario de una paz de vencedores y vencidos que nos pondría a las puertas de otra dolorosa guerra, una más en nuestra agitada historia.

Ernesto Samper Pizano
Para EL TIEMPO